Multas y consecuencias por incumplir la Ley de Protección de Datos Personales en el Perú

Para toda organización que opera en el país, el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en el Perú se ha convertido en una obligación ineludible y una medida crítica de confianza empresarial. Desde su refuerzo en marzo de 2025, la normativa exige la implementación de medidas rigurosas para el resguardo de la información. El incumplimiento, sin embargo, no solo conlleva sanciones económicas, sino también un alto costo administrativo y reputacional.

Según Eddvyn Barrón Ortega, Gerente de Riesgos y Cumplimiento de Rextie, las infracciones pueden tener un efecto dominó, traduciéndose en “multas significativas, la apertura de procesos sancionadores y la pérdida de confianza de clientes y aliados”. La protección de datos ya no es solo un tema legal, sino un pilar para la sostenibilidad del negocio.

Multas Millonarias: El Costo de las Infracciones Muy Graves

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) clasifica las multas en leves, graves o muy graves, con montos que oscilan entre 0,5 UIT hasta 100 UIT (Unidad Impositiva Tributaria).

En la práctica, esto implica que una empresa en Perú podría enfrentar sanciones económicas que superan los S/ 500,000 en los casos de mayor gravedad. Las infracciones más severas que activan estas multas incluyen:

• Mal manejo de Datos Sensibles: La gestión inadecuada de información considerada sensible (como datos biométricos, de salud u orientación sexual) sin el consentimiento y las garantías adecuadas.
• Bancos de Datos no Inscritos: Operar bases de datos personales (físicos o digitales) sin haber realizado la inscripción obligatoria ante la ANPD.
• Uso sin Consentimiento Expreso: Utilizar información personal para fines distintos a los originales, sin contar con el consentimiento libre, informado y expreso del titular de los datos.

Consecuencias Más Allá del Impacto Financiero

El riesgo de incumplir la Ley de Protección de Datos Personales en el Perú va mucho más allá de las multas. Las empresas se exponen a una serie de consecuencias que comprometen su operación y su futuro.

Eddvyn Barrón Ortega de Rextie precisa que las sanciones administrativas pueden ser más amplias que un simple pago. Estas incluyen:

1. Daño Reputacional Irreversible: Las filtraciones o el uso indebido de la información generan una pérdida inmediata de la confianza del cliente, lo que impacta directamente en la viabilidad comercial y la imagen de marca.
2. Restricción o Suspensión de Actividades: La autoridad puede ordenar la suspensión temporal o definitiva de aquellas operaciones vinculadas al manejo de datos que no cumplan con la Ley de Protección de Datos Personales en el Perú, paralizando procesos clave.
3. Obligación de Reparar Daños: El proceso sancionador puede obligar a la empresa a implementar acciones correctivas y, además, a reparar los daños causados a los titulares de la información.
4. Procesos Penales por Reincidencia: En los escenarios más graves, como la reincidencia o el encubrimiento de filtraciones, las consecuencias pueden escalar a procesos judiciales y sanciones penales que afectan la reputación de la empresa y a sus directivos de manera irreversible.

La Importancia de la Diligencia: Controles y el Oficial de Datos

La ley también enfatiza la necesidad de una gestión responsable y estructurada. Es obligatorio que las organizaciones implementen controles de seguridad efectivos y designen a un Oficial de Datos Personales.

Curiosamente, el simple incumplimiento de la designación del Oficial de Datos Personales acarrea una sanción menor (desde S/ 2,675). Sin embargo, la función de este oficial es crucial para evitar las multas mayores, ya que es el responsable de supervisar que todos los procesos de la empresa cumplan rigurosamente con la normativa.

En resumen, el cumplimiento normativo en Perú no es una opción, sino una inversión estratégica. Es la única forma de garantizar la gestión responsable de la información, proteger la confianza corporativa y evitar que los riesgos legales se conviertan en una amenaza existencial para la empresa.

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